El proceso justo y el derecho a probar

Lógica y elementos del debido proceso en el Estado de Derecho

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  • Cuestionario final
  • Conclusiones del alumno



Presentación del curso

Cuando el proceso no es más que una mera sucesión de actos procesales sin ninguna razonabilidad, donde la imparcialidad e independencia del juzgador sean una farsa, donde el sentido humano y social del proceso se haya perdido o nunca haya estado presente, donde la decisión tomada por el juzgador sea injusta, o cuando siendo justa no es efectiva ni oportuna; entonces, la libertad y el bienestar de las personas se encontrarán severamente amenazados dándose las condiciones para el ejercicio ilegítimo de la fuerza, con el consiguiente peligro para la supervivencia justa y pacífica de la comunidad humana.

Por eso, ¿qué es el proceso justo?, ¿cuáles son las exigencias que se derivan de su contenido?, ¿cómo incide esta perspectiva en el derecho a probar?, ¿qué elementos delimitan la admisión, actuación y valoración probatoria? Estas son algunas de las interrogantes que se debatirán y atenderán en el curso. Para ello, abordaremos la teoría jurídica del proceso justo y del derecho a probar, a través de una metodología de análisis de lecturas y solución de casos prácticos. Corresponde preguntarse cómo debe ser configurado el proceso –tanto en el plano teórico como en su operatividad práctica– en un Estado de Derecho que se precie de serlo. Con esta aproximación abordaremos el derecho a probar, analizando cada uno de los elementos que lo integran, desde el derecho a ofrecer medios probatorios hasta el derecho a que sean valorados en forma adecuada y motivada, como elemento esencial del derecho fundamental a un proceso justo. Ello generará consecuencias importantes al momento de delimitar su contenido, interpretar los límites a su ejercicio y resolver los eventuales conflictos que puedan presentarse, al concurrir en un caso concreto con otro elemento del proceso justo, con otro derecho fundamental o con otro bien jurídico constitucionalmente protegido.

Lección 1: El derecho fundamental a un proceso justo

Uno de los principios más importantes que se encuentra recogido, de manera expresa o implícita, en las constituciones contemporáneas y en los tratados internacionales sobre derechos humanos es el debido proceso. Se trata del derecho que tiene todo sujeto a alcanzar la justicia a través del proceso. Su calidad de derecho humano o fundamental hace que comparta las características que son comunes a este tipo de derechos. Así, se presenta en primer lugar como un derecho subjetivo que garantiza la libertad y el estatus jurídico de sus titulares en todos los ámbitos de su existencia, permitiendo que puedan ejercer los derechos que integran su contenido, exigir el respeto y la adecuada protección a los mismos, así como el cumplimiento de aquellas prestaciones necesarias –especialmente por parte del Estado– para su concreción efectiva. En segundo lugar, aparece como un elemento esencial del ordenamiento jurídico político, con propia fuerza normativa de la mayor jerarquía, vinculando en forma directa e inmediata tanto a los órganos y organismos del Estado (sea que pertenezcan al ejecutivo, legislativo o judicial) como a los particulares. En esta lección se analiza el debido proceso desde la tutela judicial efectiva y el derecho a obtener una motivación fundada en Derecho.

Lección 2: El derecho a probar: elemento de un proceso justo

El derecho a probar –también llamado derecho a la prueba– es un derecho de carácter procesal que integra el derecho fundamental a un proceso justo –o simplemente debido proceso– pues, éste es un derecho complejo que está conformado por un conjunto de derechos destinados a asegurar que el inicio, desarrollo y conclusión de un proceso o procedimiento, así como las decisiones que en ellos se emitan, sean objetiva y materialmente justas. Siendo el derecho a probar el que garantiza que los medios probatorios ofrecidos serán admitidos, practicados y valorados adecuadamente (de conformidad con los principios y demás bienes jurídicos que delimitan su contenido), el derecho a la prueba se presenta como uno de los elementos esenciales que configura un proceso justo, de tal suerte que allí donde no exista o no tenga una vigencia real o efectiva no habrá proceso o procedimiento justo.

Lección 3: El derecho a probar: admisión, actuación y valoración de los medios de prueba

Desarrollaremos ahora cada uno de los elementos que integran el contenido de este derecho, así como los límites que válidamente pueden pesar sobre su ejercicio. Pero, antes de empezar, queremos señalar que la determinación del contenido del derecho a probar, así como de los límites a su ejercicio, es un problema nada sencillo cuya solución depende de los valores y principios que privilegie una sociedad o un ordenamiento jurídico político determinado, así como de la amplitud que se le quiera dar a su contenido para lograr, de una manera real o efectiva, los fines que dan vida al citado derecho. El derecho a la prueba no se encuentra aislado en el conjunto ordinamental. Guarda relaciones de coordinación y complementariedad con otros elementos del ordenamiento, dando origen a una influencia recíproca que incide en la determinación de sus respectivos límites y contenidos. Si a ello se agrega la función normadora del legislador, y la de los jueces en general, para colaborar con tal determinación, así como la constatación de que no basta con acudir a la Constitución o demás disposiciones normativas para fijar su contenido, sino que ha de buscarse en el ámbito de los conceptos jurídicos y atender a las ideas y convicciones generalmente aceptadas entre los juristas, jueces y en general entre los especialistas en Derecho, se aprecia que establecer el contenido del derecho a la prueba, así como los límites a su ejercicio, es una operación ardua pero impostergable para lograr su mayor efectividad y evitar situaciones de abuso o arbitrariedad.

Mapa de contenidos

Dr. D. Reynaldo Bustamante Alarcón

Abogado. Profesor universitario, con amplia experiencia como investigador, consultor y abogado en ejercicio. Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, del Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos y con Estudios Avanzados en Filosofía del Derecho por esa misma universidad. Graduado del posgrado en Derecho Español por la Universidad Alcalá de Henares, así como de la Licenciatura y Maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor del Departamento de Derecho, de la Escuela de Posgrado en Derecho Procesal y del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de esta casa de estudios. Profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad del Pacífico. Extiende su actividad a otras universidades como profesor invitado para dictar seminarios y conferencias. Árbitro en diferentes instituciones públicas y privadas. Colabora de forma regular como consultor independiente, con prestigiosos bufetes. Es además conferencista y autor de varios libros y artículos sobre su especialidad.

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